Defensa penal
Por el abogado Gerald Gornik
En muchas instancias los antecedentes penales de una persona determinan si ésta puede obtener la residencia permanente o, si se trata de un residente permanente, si puede ser deportada del país. Cuando a una persona sin ciudadanía se la acusa de un crimen, ésta se enfrentará a un conjunto especial de problemas. Si evitar ir a la cárcel es importante para cualquier persona, lo es todavía más para quien no tenga la ciudadanía americana. La razón es que el gobierno tiene oficiales de policía de inmigración (ICE) apostados permanentemente en las cárceles de los condados para vigilar si entre los detenidos hay personas que no poseen la ciudadanía americana. Estas personas corren el riesgo de recibir una orden de retención (“hold”) impuesta por ICE. Su objetivo es mantener al detenido bajo custodia para iniciar el proceso de deportación. Un detenido que pague la fianza por el caso criminal rápidamente a menudo podría ser puesto en libertad antes de que llegue la orden de retención.
Cuando se tramita un caso criminal de un acusado sin ciudadanía americana se debe tener especial cuidado de minimizar las consecuencias negativas que el caso podría tener en el proceso de inmigración. Un abogado penalista que represente a un extranjero debería ser versado en las consecuencias del caso criminal en el proceso de inmigración. Por ejemplo, un indocumentado que reciba una condena por posesión de armas de fuego podría no ver afectado su caso de inmigración. Pero el mismo cargo podría ser motivo de deportación si la persona tuviera residencia legal.
En mis años como abogado he llevado miles de casos criminales de adultos y menores, incluyendo cientos de juicios. De éstos, tres fueron casos de pena de muerte: People v. Frederico DeLaCruz (1990), People v. Vincent Hubbard (1992), y People v. Ignacio Chávez (2009). Mi nivel de experiencia en el ámbito criminal es difícil de encontrar incluso entre los más experimentados abogados de inmigración.
A menudo las personas que llegan a mi oficina solicitando ayuda con sus casos de inmigración se encuentran con problemas derivados de la aceptación de un trato (“plea bargain” o sentencia acordada de conformidad entre la defensa y el fiscal). Estos tratos no se aceptarían si las personas estuvieran informadas de las nefastas consecuencias que podrían tener en sus casos de inmigración.
La representación de acusados que no poseen la ciudadanía americana es un área de la ley especialmente compleja y que lleva años dominar. La mejor manera de evitar situaciones que pueden comprometer para siempre el futuro de un caso de inmigración es dejar los casos criminales en manos de un abogado que conozca por igual el derecho penal y las leyes de inmigración.